La autoridad exige que se priorice la dignidad de las personas por sobre las consideraciones económicas de la concesionaria.
¿Se imagina tener que pagar dos o hasta tres peajes solamente para salir de su casa? Esto es lo que denuncia la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, alzando la voz por los vecinos de Itahue y parte de Río Claro.
De acuerdo a la autoridad, la concesionaria a cargo del peaje de Camarico construyó sus obras sin permitir una vía local para que los lugareños puedan ingresar a sus casas, ya sea a través de sus vehículos o por pasos peatonales.
La insólita situación obliga a los campesinos y trabajadores a pagar hasta tres peajes para poder dar la vuelta desde sus hogares hasta sus trabajos y viceversa; exigencia que deben cumplir incluso los servicios de emergencia, como ambulancia y bomberos.
PIDEN RÁPIDA SOLUCIÓN
Es por ello que Priscilla Castillo hizo un llamado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que exija de manera firme una solución rápida, ya que “es muy injusto lo que estamos viviendo con los vecinos, quienes para retornar a sus trabajos o a las escuelas, deben pagar doble peaje: eso significa 2.400 pesos para dar la vuelta al retorno de Camarico y otros 2.400 pesos para entrar a Molina”.
De igual forma, la máxima autoridad molinense calificó como “un abuso de parte de la concesionaria” hacia la gente que necesita “vivir con dignidad. Por eso, el MOP debería considerar estas cosas y ser prioridad, porque en la práctica se privilegian los intereses económicos en perjuicio de la dignidad y el bienestar de las personas”.
HASTA TRES PEAJES
El costo económico es prácticamente imposible de solventar para muchos lugareños, indica Cristofer Bravo, quien vive en el km 215 de Frutillar, en la localidad molinense de Itahue. “Como a partir del km 219 es otra concesión, para ir a Molina desde el sector poniente debes pagar tres peajes y no hay bolsillo que aguante”, explica el vecino.
Junto con acusar que “quedamos totalmente aislados” una vez que la empresa cerró el retorno, el lugareño avisa que “no descartamos movilizaciones si de aquí a la próxima reunión del 27 de septiembre, no hay una solución de mediano plazo”. En tanto, Luis Farías, representando a la empresa Eco Maule, señala que “tenemos un alto flujo de trabajadores que dependen mucho del lugar, son 70 personas que necesitan un acceso más digno”.
